El dinamismo y los cambios actuales en el sistema internacional, en conjunto con el nuevo ordenamiento de la política exterior del gobierno del presidente Macri pueden llevarnos a un contexto similar al de 1991.
En efecto, la caída del muro de Berlín, en 1989, la desaparición de la URSS, y con ella, la Guerra Fría, abrían el camino a una nueva forma en la distribución de las capacidades de los grandes actores del escenario mundial.
A partir de allí hubo un realineamiento de la política exterior del gobierno de Menem, cuyas implicancias y consecuencias pudieron desembocar, entre otras cosas, en los atentados terroristas en nuestro país contra la Embajada de Israel, en 1992, y la sede de la AMIA, en 1994.
Desde hace unos años se observan el ascenso y caída de algunos actores centrales del sistema internacional, lo que deja lugar para que nuevas fuerzas y actores ocupen espacios de poder.
Entre ellas, energías político-ideológicas que estaban en retroceso hoy se encuentran en avanzada: los fenómenos del racismo, extremismo islamista, fundamentalismo y el terrorismo.
En ese marco, el gobierno del presidente Macri fijó como prioridades de su agenda la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Sin embargo, han pasado casi tres años de su administración y las dudas e improvisación en estos temas marcan su andar.
Tres ejemplos sirven como muestra. Desde el gobierno de promovió el juicio en ausencia para avanzar en la causa AMIA. Sin embargo, la falta de decisión política y un responsable debate llevaron a que el tema desapareciera de la agenda política.
Otro ejemplo: el gobierno de Macri propone la participación de los militares argentinos en la lucha contra las nuevas amenazas, dentro de las cuales está el terrorismo internacional. Como en el caso anterior, no ha existido un debate académico sólido en donde se pueda estudiar las fortalezas y riesgos de tal propuesta.
En la actualidad, el fenómeno del terrorismo internacional adquiere características y dinámicas muy diferentes en diversas partes del mundo. No es lo mismo hablar de la capacidad militar de Hezbollah, en Medio Oriente, que en la Triple Frontera.
Un elemento medular en la lucha contra el terrorismo es determinar con precisión a quién enfrentamos. Y allí aparece el tercer error. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) requiere que los países realicen una Evaluación Nacional de Riesgos del Lavado del Dinero y Financiamiento al Terrorismo para saber en dónde se encuentra realmente cada país y a partir de allí, adoptar las herramientas y estrategias más precisas para combatir estas acciones criminales.
Otra vez, la falta de decisión y acción política, sumada a la falta de recursos económicos y humanos, paralizan una medida solicitada por la comunidad internacional y frente a la cual nuestro país asumió su responsabilidad.
También el gobierno de Macri incumple obligaciones asumidas ante la comunidad internacional, cuando el GAFI requiere que los países hagan sus listados o clasifiquen a las organizaciones como terroristas. Aquí también falta decisión política del Gobierno, ya que la herramienta jurídica la tiene a su disposición.
En efecto, la justicia argentina declaró al ataque contra la AMIA y Embajada de Israel como crímenes de lesa humanidad, y su autoría, al brazo militar de Hezbollah.
Desde las instituciones centrales de la comunidad judía se insistió hasta el hartazgo en que el atentado suicida de 1994 contra la sede de la AMIA no es un acto de terror contra los judíos sino que es una acción criminal contra la Argentina.
Sin embargo, la dirigencia comunitaria se empecina en apropiarse indebidamente de ese dolor, organizando y convocando a la ciudadanía y a los presidentes argentinos a los actos del 18 de julio, quienes asisten o no por temas de agenda en carácter de “invitados”.
De seguir ocurriendo esto, se consolidará la tesis de que el terrorismo es un problema que afecta a una parte de la sociedad y no a todos los argentinos. Es el presidente argentino quien debe encabezar los actos del 18J y no ser un mero “invitado”.
Es impensado que algún presidente norteamericano deje de asistir a un acto de recordación a los atentados del 11-9, ni que se deje librada la organización de dichos eventos a los administradores del Word Trade Center.
En una Argentina donde faltan la verdad y la justicia en la causa AMIA, sólo la memoria y el testimonio de los que han sobrevivido a las acciones del terrorismo aparecen como el último recurso frente a la desidia de una sociedad encaminada a olvidar lo ocurrido el 18 de julio de 1994. La presencia de cada vez menos gente en el acto de la calle Pasteur 663 es testigo de ello.
Por Agustín Romero es doctor en Ciencia Política. Asesor y coach en temas internacionales y profesor Universitario en las carreras de Ciencia política y Relaciones Internacionales
Fuente: Clarín
