La presentación fue realizada el viernes por el abogado querellante Pablo Lanusse, quien planteó un pedido de reserva de caso federal para que la presunta actitud del mandatario y otros funcionarios nacionales y bonaerenses sean tratadas, en caso de ser necesario, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el escrito, el letrado expresó que “frente al avance e intromisión sobre la independencia del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal, consumados por el accionar del propio presidente de la Nación Alberto Fernández, introduzco en debida forma el caso federal ante la afectación a la división de Poderes, el normal funcionamiento de las Instituciones de la República, el debido proceso y las normas de orden público”.
El representante de Garfunkel advirtió que “diversos funcionarios que se desempeñan actualmente en el Poder Ejecutivo Nacional, como en el de la Provincia de Buenos Aires se encuentran vinculados a la causa y/o a sus conexas, y el interés de la sociedad local e internacional en el descubrimiento de la verdad sobre lo investigado”.
“Es evidente que el suceso que denuncio y que involucra ahora al propio Presidente de la Nación excede el interés individual de esta querella y se constituye en un caso de gravedad institucional”, consideró Lanusse. En ese sentido, cuestionó las declaraciones que hizo el mandatario sobre el accionar de la Gendarmería en la investigación.
Días atrás, Aberto Fernández se refirió al tema al ser consultado por sus dichos en el reciente documental estrenado en Netflix. En un reportaje para esa producción, el jefe de Estado había abonado la hipótesis del crimen. “Hasta el día de hoy, dudo de que se haya suicidado”, sostuvo en aquella oportunidad.
Pero con el tiempo cambió su visión. “Desde 2017, cuando se grabó la entrevista, hasta ahora no apareció ninguna prueba seria que diga que a Nisman lo mataron y apareció una pericia absurda que contradice los más elementales principios”, expresó recientemente. Y acotó: “Se montó un escenario muchos años después de la muerte sin que ninguno de los peritos haya estado en el lugar del hecho; nunca vi una cosa igual”.
En su presentación, la querella remarcó que “es sabido que el alcance sobre el valor de una prueba incorporada a una investigación penal es resorte exclusivo de los Jueces que integran el Poder Judicial de la Nación”. Y agregó: “El Presidente se autoerigió en juez de la causa al afirmar públicamente que el peritaje realizado por la Junta dispuesta en autos es absurda, que carece de seriedad”.
“No estamos en presencia de una novela policial inglesa. Nos encontramos frente a un magnicidio del que fue víctima el entonces Fiscal General Natalio Alberto Nisman, luego de haber denunciado por las negociaciones que culminaron con la firma del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán, a la entonces presidenta Cristina Kirchner, hoy vicepresidenta y otros adláteres de su entonces Gobierno”, apuntó el letrado.
El representante de Garfunkel afirmó que los dichos del mandatario “generan alarma y preocupación” en la querella y concluyó: “Las expresiones del Presidente resultan una injerencia en el sistema de justicia y en el desempeño del Ministerio Público, a la luz de las cláusulas constitucionales que les aseguran independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones”.
La semana pasada, Garfunkel le pidió a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, abstenerse de solicitar la realización de una nueva pericia. Fue luego de que la titular de esa cartera declarase que el peritaje que determinó que Nisman fue asesinado iba a “ser revisado en colaboración con la Justicia”.
Fuente: Infobae
