Una periodista llamada Nurcan Baysal se ha convertido esta semana en la última en enfrentarse a las investigaciones de Turquía por su cobertura del manejo del gobierno del brote de coronavirus en la región minoritaria kurda.
Mientras que 100.000 prisioneros, incluyendo criminales violentos, pueden ser liberados, escritores pacíficos y miembros de ONGs son mantenidos en prisión. Un caso es el del novelista Ahmet Altan.
Fue encarcelado cuando el gobierno lo acusó de enviar “mensajes subliminales” antes de un golpe de estado en 2016. Su hermano dijo: “Es una locura que dejen que los asesinos vuelvan a las calles pero que pongan en riesgo la vida de un novelista que escribió tres artículos que no le gustaron al gobierno por el coronavirus”.
Amnistía Internacional y otras organizaciones han pedido a Turquía que “libere inmediata e incondicionalmente a los periodistas, los defensores de los derechos humanos y otras personas que han sido acusadas o condenadas simplemente por ejercer sus derechos”. Turquía es el mayor carcelero de periodistas del mundo.
El régimen turco a menudo despide a los alcaldes de los partidos de la oposición y encarcela a la gente por los tweets. Casi no hay medios de comunicación críticos u opositores en Turquía. El gobierno ha promovido sus propios canales o los vinculados al gobierno.
Los periodistas críticos se han visto obligados a huir del país o han sido encarcelados. Los grupos de derechos humanos están cada vez más preocupados por la posibilidad de que los líderes del país liberen a los criminales violentos, a los que consideran menos peligrosos que los librepensadores o los activistas medioambientales.
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