Fiscal de la CPI criticó las represalias por investigar a Israel y Estados Unidos

 En su discurso final antes de dejar el cargo, Fatou Bensouda señaló que el tribunal y la fiscalía fueron sujetos a amenazas, ataques y sanciones inaceptables.

La fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, criticó las sanciones impuestas por la administración Trump a raíz de una investigación lanzada sobre presuntos "crímenes de guerra" cometidos por Estados Unidos e Israel.

En su discurso final, en una reunión anual de los estados miembro de la corte antes de dejar el cargo el próximo año, Bensouda señaló que la corte y su fiscalía fueron "sometidas el año pasado a amenazas, ataques y sanciones sin precedentes y totalmente inaceptables".

En septiembre, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, anunció el congelamiento de los activos mantenidos en los Estados Unidos o sujetos a la ley estadounidense por parte de Bensouda y el jefe de jurisdicción del tribunal, Phakiso Mochochoko.

A principios de año, Estados Unidos impuso una prohibición de viaje a Bensouda y otros funcionarios judiciales que investigan a las tropas estadounidenses y funcionarios de inteligencia y los de naciones aliadas, incluido Israel, por posibles crímenes de guerra en Afganistán y otros lugares.

Bensouda señaló que las medidas eran un ataque a la corte y sus estados miembro y representaban "un precedente peligroso para un sistema internacional basado en reglas ... Es mi sincera esperanza que Estados Unidos revierta su política agresiva de antagonismo hacia la corte". 

Todavía no está claro cómo cambiará la relación entre Estados Unidos y la corte internacional cuando el nuevo presidente electo, Joe Biden, asuma el cargo el próximo año.

Washington ha sido cauteloso durante mucho tiempo con la corte y el alcance de su poder. El ex presidente estadounidense Bill Clinton firmó el tratado del Estatuto de Roma que estableció la corte el 31 de diciembre de 2000, pero el presidente George W. Bush renunció a la firma, citando temores de que los estadounidenses fueran procesados ​​injustamente por razones políticas.

La ONG Human Rights Watch ha pedido a Biden que elimine las sanciones e instó a los 123 estados miembro de la corte, en la reunión que comenzó el lunes, a "aprovechar la oportunidad de una administración estadounidense entrante para señalar las expectativas de que Estados Unidos se involucrará con la corte de una manera que respete el Estatuto de Roma, el estado de derecho global y el acceso de las víctimas a la justicia ".

Parte de la agenda para la reunión de esta semana de los estados miembro de la corte es elegir un sucesor para Bensouda, quien está cerca de completar su mandato de nueve años. No está claro si el proceso de selección se completará en la reunión o se impulsará hasta el próximo año. Bensouda dijo que tenía como objetivo completar el traspaso a su sucesor a mediados de 2021.

En su discurso, Bensouda también instó a los estados miembros de la corte a financiar adecuadamente los enjuiciamientos ya que su oficina se ve cada vez más presionada para investigar presuntas atrocidades en todo el mundo. El viernes, dijo que las largas investigaciones preliminares sobre presuntos crímenes en Nigeria y Ucrania han establecido la necesidad de investigaciones a gran escala en esos países.

"La situación a la que nos enfrentamos debido a las limitaciones de capacidad subraya la clara disparidad entre los recursos proporcionados a mi oficina y las crecientes demandas que se le imponen", explicó Bensouda.

Ella pidió "discusiones abiertas y francas" sobre los recursos que su oficina necesita para hacer su trabajo, y agregó que "la trayectoria actual simplemente no es sostenible".


Fuente: Ynet

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